ANTI-EDITORIAL. Por Ricardo Rey
Rosanía* Sin más preámbulo, dejo en este escrito
los argumentos para mostrar, una a una, las inconsistencias de la nota
editorial de El Espectador “La inconveniente revocatoria de Peñalosa” (01-04-17), aceptando la invitación
a presentar una iniciativa de “contraeditorial”.
Sea lo primero indicar que la revocatoria
y el voto programático (al que no hace alusión el editorial) son caras de la
misma moneda que fueron incorporadas al ordenamiento constitucional para
canalizar la inconformidad ciudadana por un escenario pacífico y, por otro
lado, para disuadir la costumbre de los políticos irresponsables de hacer
demagogia prometiendo lo que no se puede cumplir o engañando (como se hizo en
el plebiscito) al elector. Por lo anterior, como reza en los documentos
constituyentes, voto programático y revocatoria van de la mano.
Segundo, el editorial (a
destiempo) hace alusión a los intentos de los contradictores políticos del
exalcalde Petro de revocarlo, pero, con
inocultable calculo político, El Espectador deja por fuera la evidente
razón de que a Petro lo pretendían
destituir por cumplir con el Programa de Gobierno que había inscrito según los
mandatos legales y que, como quedó demostrado, golpeaba los privilegios de
poderosos contratistas que, amangualados con una mayoría en el Concejo, usaron
“todas las formas de lucha” para evitar que Petro sacara adelante la propuesta
de la Bogotá Humana, incluida la obra del metro subterráneo, hoy nuevamente
aplazada por un anuncio de “metro alto y esbelto”, que no cuenta con los
estudios de detalles que ordena la ley, denunciados en varios debates por el
concejal Hollman Morris.
Tercero: oponerse a la revocatoria
con el argumento de que “causa desgastes” y “distrae los recursos y por ende
sabotea los proyectos de ciudad…”, como dice El Espectador, sea lo primero decir que
un “desgaste” lo produce la dinámica ciudadana camuflando la verdadera razón
que los distintos comités han argumentado, como lo es el engaño de Peñalosa a
la ciudadanía. El alcalde mayor faltó a la verdad (incluido el falso
doctorado); es la esencia que respalda la revocatoria. ¿Acaso no es esta un
camino para tramitar un conflicto (natural entre dos visiones de modelo de
desarrollo urbano) de manera pacífica? Por otra parte, reconocer que se distraen
los recursos públicos en la revocatoria, sin eufemismos, es poner al desnudo
que la administración de Peñalosa usará la plata pública para contrarrestar la
iniciativa ciudadana, asunto abiertamente ilegal. Deben los organismos de
control poner la lupa sobre estos dineros, sobre todo los gastos de publicidad
y comunicaciones.
Finalmente, la nota editorial responsabiliza
de la “polarización” a los promotores de la revocatoria, pero no dice nada
sobre el abandono de Peñalosa de los lineamientos establecidos en los distintos
Planes Maestros (incluido el de la movilidad), poniendo patas arriba el
esfuerzo continuo que ha hecho Bogotá, sobre todo en el proyecto del metro
subterráneo. Se deben realizar foros para develar las mentiras y negocios de
Peñalosa, motivos suficientes para la conveniente revocatoria. *
Politólogo. Ricardo Rey Rosanía*
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