Por Germán Ayala Osorio,
comunicador social y politólogo
Poco a poco el fin del conflicto armado, el cumplimiento del cese
bilateral del fuego y en general de lo pactado en La Habana, van permitiendo a
millones de colombianos ver y constatar que el real y gran problema del país no
era la existencia de las guerrillas, sino la asqueante corrupción
público-privada que hoy amenaza la viabilidad del Estado como orden político[1].
Ahora, esos millones de colombianos que durante años se expusieron a
tratamientos periodísticos de una Prensa que cubrió de manera ideologizada los
enfrentamientos entre los actores armados, con algo o mucho de sorpresa constatan
que el cáncer de la corrupción debilita la confianza de los
ciudadanos en el Estado, en la democracia[2]y
en sus instituciones, al tiempo que naturaliza el ethos mafioso sobre
el que se soportan las actividades de funcionarios, políticos y agentes
empresariales, y entre estos últimos, y especialmente, las de los contratistas.
Ante semejante reto y mientras Uribe y Santos intercambian señalamientos
y responsabilidades por las escandalosas coimas pagadas en el caso de
Odebrecht, al tiempo que silencian lo sucedido con Reficar, solo algunos
políticos llaman la atención sobre la necesidad imperiosa de atacar la
corrupción, sin advertir en sus discursos que la lucha, así planteada, tiene
enormes vacíos y problemas que impiden someter a los corruptos y
enfrentar esa catastrófica enfermedad, con la certeza de apresar a los
corruptos, controlarla o de “reducirla a sus justas proporciones” como diría
Turbay Ayala.
Al plantearse una lucha frontal contra la corrupción, los orígenes del
problema se ocultan o se dejan de advertir, porque hábilmente los políticos
anti corrupción, saben de ante mano que en todo esto hay corruptos intocables,
así como reglas de juego establecidas previamente que no se pueden cambiar de
buenas a primeras. El enemigo a vencer no es la corrupción, ni siquiera el
corrupto o los corruptos. El gran enemigo a vencer es el actual Régimen
de poder. El mismo Régimen que no sufrió derrota alguna y que resistió más
de 50 años de un conflicto armado de carácter periférico, del que siempre
supieron sacar provecho las élites. Por años la historia oficial, con la
ayuda de los Medios masivos, señaló que la presencia de las guerrillas era el
único problema que no dejaba crecer económicamente al país.
Pero nadie persigue a los corruptos, porque en los procedimientos
reglados, establecidos por políticos, familias poderosas, contratistas, clase
dirigente y política, está claro que, ante el descubrimiento de hechos de
corrupción, no todos pueden caer, porque ello implicaría el derrumbe de la
institucionalidad e incluso, del Régimen.
De allí que en perspectiva de lo que se conoce como “economía política”,
unos cuantos saldrán condenados mediática y socialmente y sancionados
penalmente, pero quienes desde el Estado y poderosos agentes de la sociedad
civil han legalizado y naturalizado lo que otros llaman corrupción, deberán,
por principio, salir airosos. En esa lógica, entonces, la cruzada que al
parecer liderará la senadora Claudia López, está mal planteada desde el inicio,
o por lo menos, sujeta a unas realidades históricas y a una institucionalidad
que ella no podrá enfrentar y muchos menos vencer. Por eso me pregunto:
¿será posible combatir y acabar con la corrupción?
Y es así porque la corrupción público-privada en este país está anclada
a un ethos mafioso validado por la sociedad en su conjunto. De
no ser así, cada cuatro años no llegarían al Congreso y a la Presidencia
políticos señalados de ser corruptos y de sostener relaciones con actores
armados ilegales, narcotraficantes, testaferros, criminales y sicarios. De esta
manera se garantiza la reproducción de los corruptos y por supuesto, de las
prácticas corruptas que solo se reconocen o se califican así cuando se destapa
un escándalo en los medios masivos. De resto, se trata simplemente de
transacciones que hacen los aspirantes a cargos públicos, con sus clientelas.
Unos venden sus votos por platos de lentejas, ladrillos, cemento y tejas;
otros, los intercambian por becas o puestos en empresas del Estado; y otros
tantos, invierten sus votos para que una vez electo el Presidente, concejal,
gobernador, alcalde o diputado, se les retorne la "inversión
electoral" en millonarios contratos de obras de infraestructura que muy
seguramente sufrirán incrementos en sus costos, demoras y problemas. Es claro,
entonces, que la corrupción deviene y hace parte de una lucha de clases en la
que todos y cada uno de los involucrados, a su manera, quiere “salir adelante”,
enriquecerse o asegurar bienestar por un periodo de cuatro años.
Ante un modelo económico pensado para garantizar privilegios de clase y
un Estado privatizado por la vigorosa acción de empresarios,
banqueros, élites y oligarquía, con la protección de los militares, la Política
se convierte en una forma de vivir, de delinquir y de alcanzar lo que no se
puede a través del trabajo honrado y de la vivencia de procesos que dentro de
la actual lógica, nadie quiere afrontar,
porque todos andamos buscando el rápido enriquecimiento.
En esa línea, la lucha contra la corrupción debe promover un profundo
cambio en el sentido que de la Política tienen cientos de miles de colombianos
que, al recurrir a políticos que ofrecen tejas, millonarios contratos y becas,
hacen imposible derrotar la corrupción porque esta deviene institucionalizada y
aceptada socialmente. Sentido precario, criminal o mafioso que brota de unas
circunstancias contextuales en las que empresarios y ricos pre capitalistas,
son responsables de la reproducción del desempleo estructural, de las
condiciones de bajo consumo por bajos ingresos y de la precarización del
trabajo asalariado. Sobre esas condiciones es que la Política funciona
como bolsa de empleo para muchos y para otros tantos, el
camino expedito para salir adelante, así sea debilitando el Estado y por esa
vía, afectar a los demás, en un reducido sentido de lo público y de lo
colectivo.
Se acercan las elecciones en 2018 y la lucha contra la corrupción solo
servirá de caballito de batalla para aspirantes a la Presidencia y a los
cuerpos colegiados. Pero ellos saben que nada va a cambiar en un país en el que
históricamente ha sido difícil diferenciar entre un Político, un mafioso, un
corrupto y un criminal. Además, si se desmonta el actual Régimen de poder,
quienes lideraron su caída, simplemente montarán sus propias mafias y lógicas.
Por lo anterior, somos un país que se merece tener como himno nacional, la
canción Cambalache, de Santos Discépolo.
Adenda: el silencio de la Academia, de la Iglesia Católica (enlodada por
los curas pederastas) y del empresariado hace pensar en que convalidan la
corrupción. No hay líder capaz de llamar la atención sobre el enorme daño
cultural que hace la corrupción público-privada. Estos silencios son claras
muestra de la crisis de civilidad y de ciudadanía que afronta el país.
[1] Es probable
que sectores de poder (el llamado uribismo, por ejemplo) interesados en
torpedear el proceso de implementación del Acuerdo Final (II), estén pensando
en generar una crisis institucional de gran magnitud, con el firme propósito de
convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.
[2] El cansancio
de la corrupción política puede terminar en un aumento de la abstención en los
eventos electorales, de cientos de colombianos agobiados por las prácticas
corruptas de políticos y empresarios
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